Asociaciones de colegios privados deciden no volver a clases este año
Tomado de «eltiempo.com» 16 de junio 2020
Luego de que el Ministerio de Educación diera a conocer los lineamientos para el regreso a clase mediante el modelo de alternancia, asociaciones de padres de colegios privados se han pronunciado al respecto, asegurando que pese a esos protocolos, prefieren no regresar a la presencialidad.
Una de esas organizaciones es la Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados, organización que representa a un importante número de instituciones del país. Por medio de un comunicado, su presidenta Martha Yaneth Castillo dio a conocer la voluntad de varios establecimientos educativos de no volver a clase.
Luego de que el Ministerio de Educación diera a conocer los lineamientos para el regreso a clase mediante el modelo de alternancia, asociaciones de padres de colegios privados se han pronunciado al respecto, asegurando que pese a esos protocolos, prefieren no regresar a la presencialidad.
Una de esas organizaciones es la Confederación Nacional de Rectores y Colegios Privados, organización que representa a un importante número de instituciones del país. Por medio de un comunicado, su presidenta Martha Yaneth Castillo dio a conocer la voluntad de varios establecimientos educativos de no volver a clase.
Y añade: “La vida de nuestros estudiantes y sus familias, nuestros docentes y todos nuestros empleados merecen nuestro respeto y cuidado”.
En diálogo con EL TIEMPO, Ángel Suárez, presidente de Eduprinor, organización que agrupa a 286 colegios de Norte de Santander, manifestó que «un número muy importante, casi la mayoría, de los colegios privados del país no le van a jugar a la alternancia. Hay varias razones de peso para ello”.
Más allá de las preocupaciones de los padres de familia, hay otras razones que motivan a esta decisión por parte del sector:
«El Gobierno traslada todas las responsabilidades en las entidades territoriales, consejos directivos, propietarios de instituciones y padres de familia. Eso nos genera preocupaciones. ¿Quién responde frente a una eventual contingencia relacionada con el virus? Una demanda civil pondría a los rectores, a los colegios, a pagar ese siniestro porque un abogado podría decir que falló el esquema de bioseguridad».
De igual manera, señala que a las instituciones privadas les preocupa el tema financiero, ya que cumplir con todos los requisitos para operar de manera presencial puede significar un costo muy alto que no tendrían la capacidad de sostener:
«Otro punto es quién asume los costos. En el sector público los va a asumir el Gobierno, pero en el sector privado se requieren costos de adecuaciones a las instalaciones, dotación de implementos, la asesoría de expertos para la elaboración de los protocolos. Todo eso requiere una gran inversión».
